SFP investiga evolución patrimonial de funcionarios de Pemex

  • 30 Jan, 2019
  • NOTICIAS NACIONALES

Se confirmó que los tres servidores públicos de Petróleos Mexicanos señalados por su presunta participación en la ‘estafa maestra‘ participaron como firmantes responsables de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior, entre 2012 y 2018, con subcontratación de servicios .

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció este jueves en conferencia de prensa que ya investigan la evolución patrimonial de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Producción y Exploración; y Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero de Procesos Industriales y de Logística para determinar si se configura el delito de enriquecimiento ilícito.

El ingeniero Lozada Aguilar se encargó entre 2013 y 2014 de la administración del activo de producción Cantarell, el ingeniero Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Producción y Exploración, fue gerente del proyecto de desarrollo Ayatsil-Tekel entre 2013 y 2014; y el contador Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero de Procesos Industriales y de Logística, fue entre 2013 y 2014 gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, explicó en conferencia de prensa algunos convenios:

  • Convenio de prestación de servicios entre Pemex Exploración y Producción con la Universidad Popular de la Chontalpa por medio del ingeniero Lozada Aguilar; tenía el objetivo de realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste. En este caso se analizaron las órdenes de servicio para materializar los pedidos de Pemex Exploración y Producción para fijar alcances y condiciones para el desarrollo de los trabajos.

  • El monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos y el mínimo era de 91 millones 956 mil 885 pesos en un plazo de mil tres días entre abril de 2012 y diciembre de 2014. El costo real del contrato rebasó el límite permitido y ascendió a 145 millones 841 mil 041 pesos.

  • La Auditoría Superior de la Federación comprobó que la Universidad Popular de la Chontalpa no contaba con la capacidad material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio y procedió a subcontratar a terceros, quienes a su vez tampoco contaban con la capacidad técnica y también subcontrataron otros servicios.

  • El convenio de Pemex con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a través del ingeniero Salgado Castro tuvo como objeto genérico realizar servicios especializados para el desarrollo de campos de exploración. El monto máximo era de 80 mdp y el monto mínimo de 32 mdp, para el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2013. El costo real rebasó el límite permitido y alcanzó 99 millones 935 mil 551 pesos, pagados en 20 órdenes de servicios.

  • El convenio expresaba que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco tenía la capacidad legal y técnica para realizar estos servicios y se comprometió a no subcontratar servicios. Sin embargo, para cumplir los objetivos, celebró contratos con diversas empresas. El porcentaje global de la subcontratación abarcó 93 por ciento de los servicios requeridos por Pemex.

  • El incumplimiento de la cláusula que prohibía la subcontratación permitía rescindir el convenio, pero el responsable firmante de Pemex abdicó el ejercicio de estos derechos.

  • Cuatro cheques emitidos por las empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física, sin que se acreditara cuál era su participación dentro de estas mismas empresas

  • A uno de los subcontratados no se le pudo ubicar en el domicilio manifestado, entre otras irregularidades.

Irma Eréndira Sandoval explicó que este modus operandi de convenios celebrados al amparo del Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispersaba los recursos recibidos a través de subcontrataciones de las subcontrataciones, más allá de los límites establecidos.

Los convenios que firmaron los funcionarios señalados con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Popular de la Chontalpa permitieron la subcontratación, elevar los precios y no asegurar las mejores condiciones para el Estado, contravinieron las leyes de Pemex y la Constitución.

La titular de la Secretaría de la Función Pública refirió que en las revisiones de las cuentas de 2013 y 2014, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 73 convenios con instituciones de educación superior hubo desvíos por 7 mil 667 millones de pesos, pero el daño al erario público podría ser mayor porque la revisión de la ASF sólo fue a un porcentaje del total de convenios.

Entre las empresas que se beneficiaron de estos recursos están algunas donde los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos, se detectaron también empresas fantasma o que simularon el cumplimiento de los servicios.

"La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el ‘talón de Aquiles’ de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron su responsabilidad y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades”, dijo la titular de la SFP.

Irma Eréndira Sandoval señaló que los funcionarios fueron exonerados por la anterior Secretaría de la Función Pública y que esa institución no dio el seguimiento que debía a estos casos.

"Consideramos que hay indicios que pudieron haber llevado a fincar responsabilidades administrativas para los servidores públicos bajo escrutinio”.

Agregó que la Secretaría de la Función Pública no está limitada por anualidad para realizar auditorías e instruyó cinco acciones:

  • Con base en los riesgos identificados en el manejo de recursos públicos por parte los funcionarios públicos señalados, la SFP inició investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los aludidos que pudieran resultar de conductas irregulares, como enriquecimiento ilícito. A partir del resultado de estas investigaciones se dará inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan.
  • Hay 4 investigaciones en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción que fueron archivadas por falta de elementos en 2014, 2015 y 2016, en las que pudieron existir irregularidades y omisiones por parte de la autoridad investigadora. El Órgano Interno de Control de la SFP ya inició investigaciones de posibles omisiones de funcionarios en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción en las indagatorias contra los funcionarios señalados.
  • La SFP auditará al Órgano Interno de Control o la Unidad de Responsabilidades de Pemex Exploración y Producción para determinar se llevó a cabo las diligencias correspondientes para detectar irregularidades o si hubo omisión o negligencia de su parte.
  • La SFP auditará los convenios que Pemex Exploración y Producción haya realizado después del 2013, señalados como parte del esquema de la ‘estafa maestra’ para identificar posibles personas adicionales involucradas. La SFP realizará auditorías aleatorias con características similares en el periodo de estudio en Pemex Exploración y Producción y otras filiales de Pemex, para detectar posibles casos de corrupción.
  • La SFP presentará ante la Fiscalía General de la República las denuncias que surjan por hechos constitutivos de probables delitos y que resulten de las investigaciones de la propia Secretaría. Si los hechos descritos hubieran prescrito en el ámbito administrativo no será así en la esfera penal.

Con información de redes sociales AMLO

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